Pese a que los efectos de la despiadada crisis parecen haberse frenado tras la violenta acometida de sus comienzos —a mediados de 2008— , datos como los referentes a las ejecuciones hipotecarias registradas en Córdoba en el último ejercicio reflejan que la recesión está todavía más que lejos de dar sus últimos coletazos.
De este modo, las acciones judiciales que dan por terminados los derechos de propiedad de una vivienda cuando el dueño deja de pagar o no cumple con las condiciones de la hipoteca se dispararon un 43 por ciento en 2009, superando la barrera del millar, al llegar a las 1.049.
Así lo ponen de manifiesto los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre el efecto de la crisis en los órganos de la Administración de Justicia.
Y es que ante el aumento del número de casos en los que no es posible cumplir con los vencimientos mensuales de los préstamos, la única opción que le queda al banco que ha concedido la hipoteca es de reclamar ante los tribunales para poder subastar el bien inmueble y así recuperar el dinero concedido.
En muchos de estos casos, estas «rifas» quedan desiertas, por lo que un gran número de viviendas acaba engrosando la cartera de inmuebles del banco al valor liquidativo de subasta, es decir al 50% de su valor de tasación.
Esto significa, no sólo que esas familias han perdido su hogar, sino que la inversión que realizaron en la casa se ha evaporado y que muy probablemente aún quedarán con una deuda pendiente que saldar con el banco.
Es decir, la compra de una vivienda habrá resultado como una inversión de valor líquido negativo e incluso puede comprometer la supervivencia económica de muchas familias, ya que la banca suele embargar el sueldo para acabar de cobrar la cantidad que queda pendiente de saldar.
Los datos de la provincia, no obstante, son esperanzadores, ya que ocupa el sexto lugar en la región en cuanto a ejecuciones hipotecarias tramitadas. A la cabeza se sitúa Almería, donde estos procesos aumentaron un 98,8 por ciento con respecto a 2008; en crecimiento interanual le sigue Jaén (77,6%); Granada, con un 64,9% y Málaga, que registró un 50% más. A la cola están Cádiz (46,7%), Córdoba (42,7%); Huelva (41,4%) y, finalmente, Sevilla, donde las acciones judiciales emprendidas por los bancos para recuperar sus hipotecas sólo se incrementaron un 32,2 por ciento con respecto al ejercicio anterior.
A nivel nacional, los juzgados españoles recibieron 93.319 solicitudes de ejecuciones en 2009, una cifra récord que creció el 59% respecto al ejercicio anterior, cuando estas peticiones se duplicaron ampliamente.
Despidos
No obstante, el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ha advertido en repetidas ocasiones que las estadísticas no dan la «idea real» de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados, ya que una única petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que «puede ser todavía más alarmante el incremento detectado».
El efecto más devastador de la crisis ha sido —y está siendo— el incremento del paro. En este sentido, los despidos presuntamente improcedentes que tramitaron los cuatro juzgados de lo Social de la capital aumentaron un 54 por ciento, al pasar de 1.224 en 2008, a 1.891 el año pasado.
El peor trimestre del año pasado fue el tercero, entre julio y septiembre, cuando se contabilizaron 553 despidos en los juzgados.
Muchos de estos ceses llegaron de la mano de declaraciones de concurso de acreedores. Los datos del CGPJ aclaran este extremo. Así, si en 2008 se contabilizaron 69, en 2009 fueron 101. Esta cifra convierte en ridículo el número de quiebras registradas hace apenas tres años, cuando tan sólo se elevaron ante la justicia 17 concursos.
domingo, 16 de mayo de 2010
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