Las medidas que se están adoptando van a estrangular aún más el consumo de las familias. Sorprende, a la vez, que no se modifiquen normas de nuestra legislación, claramente injustas y que no se aplican en otras economías occidentales.
Una de ellas es la garantía personal en las hipotecas. Debería ser nula en el caso de las viviendas habituales, pues provoca que, en caso de embargo y subasta, incluso las entidades financieras se queden la vivienda a un precio inferior al de la hipoteca. Ello implica que el antiguo propietario siga debiendo el resto del importe de la hipoteca que no se ha obtenido en la subasta, más costas e intereses; lo cual crucifica de por vida a muchas familias, disminuyendo su consumo durante años.
Cuando se suscribe una hipoteca es imposición de las entidades financieras que el precio de la vivienda lo determine la tasadora designada por ella. Ello implica que la entidad también acepta expresamente el valor de la vivienda tasada, a veces por encima del valor de mercado para dar más crédito.
Es injusto que la pérdida de valor de las viviendas, dada la crisis, sea asumida sólo por el más débil, cuando desde inicio el precio fue también aceptado por la entidad financiera.
viernes, 21 de mayo de 2010
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